COMUNICADO DE PRENSA – P.A.H / STOP DESAHUCIOS ALCOSANSE, 13 de febrero de 2013
Esta semana se cumplen 2 meses de la aprobación de un protocolo de actuación y medidas urgentes frente a desahucios, pactado en Alcobendas por el Partido Popular y el PSOE a espaldas del resto de partidos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de forma nada casual: Este protocolo se quedaba muy por debajo del que nuestra plataforma les había entregado y que se presentaba al día siguiente, en el pleno municipal del pasado 18 de diciembre de 2012 vía Izquierda Unida. En aquel pleno el Partido Popular justificó la foto del día anterior, rechazando todos los puntos de nuestro protocolo pese a que ampliaban el suyo, tal y como ha demostrado el Ayuntamiento de Algete aprobándolo o el de San Sebastián de los Reyes incorporando parte del mismo. No obstante en su momento opinamos que, si el protocolo de PP-PSOE fuese aplicado en los términos propuestos, podría paliar en cierta medida el sufrimiento de algunas familias. Sin embargo, está siendo un protocolo fantasma y por ello, queremos denunciar con hechos lo que, a nuestro juicio, supone una prueba más de la “doble moral” de este equipo de gobierno y del partido socialista.
En la página 3 del citado Protocolo se puede leer: “como refuerzo de vivienda y medidas sociales, el Ayuntamiento aumenta la dotación con 11 nuevas viviendas, que serán para cubrir las necesidades de las personas que ya han sido desahuciadas.” En el citado pleno, a la pregunta de Rubén, un vecino ya desahuciado, sobre si podría acceder a una de estas viviendas, el señor Alcalde respondió que “por supuesto que podría hacerlo si está dentro de los baremos recogidos en el Protocolo” y que, en cualquier caso, debería solicitarlo a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Pues bien, este vecino desahuciado de la C/Concilio de Alcobendas, se dirigió días después a la oficina de Servicios Sociales a entregar la documentación requerida, pero allí la trabajadora social tuvo que desmentir la existencia de esas 11 viviendas sociales. Ante la insistencia del vecino afirmando que fue aprobado en el Pleno como medida urgente, la trabajadora de Servicios Sociales sentenció: “el señor Alcalde puede decir misa, pero esos pisos no están” (sic.). ¿Dónde están esos 11 pisos que ni siquiera llegaron a conocimiento de Servicios Sociales?
Desde el Partido Popular han llegado a decir un mes después que los 11 pisos se están aún reformando, pero eso ni impediría ni que pudieran ser adjudicados a falta de su entrega o que al menos se gestionara una lista de espera oficial, porque sino ¿cuándo y a quién se los adjudican? De esta manera nos preguntamos si el señor Alcalde, con el consentimiento del PSOE, está riéndose de los vecinos y vecinas de Alcobendas, sacando como medidas urgentes un protocolo fantasma. La familia de Rubén, de 4 miembros y que no llega a mileurista, entró en Servicios Sociales dentro del baremo del protocolo de desahucios y salió sin ninguna solución distinta a la que existía antes del protocolo.
Como vecinos y vecinas comprometidas además de miembros de la PAH, nos vemos obligados a seguir denunciando, incluso lo que ellos aprueban y no cumplen.
A Inmaculada Montolio, esta mujer luchadora y trabajadora que nadie sabe la cantidad de lágrimas que habrá derramado junto a su madre y 2 hijos, por la incomprensión de un Gobierno municipal insensible a su problema, la quisieron desahuciar por 3000 euros. No sólo no tuvieron en cuenta su situación económica, sino lo que es peor, la discapacidad de un hijo. Fue a partir de pedir ayuda a la PAH de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, y gracias a la presión ejercida en la calle y plenos por ella misma y distintas organizaciones, cuando empezaron a tomar interés por su problema, tardando 3 meses en hacerle entrega de un piso de alquiler de SOGEPIMA. Hoy tienen la caradura de decir que es 1 de las 11 viviendas del protocolo cuando fue un compromiso en Noviembre y el protocolo lo sacaron en navidades, pero es que además se lo entregan con unas condiciones que distan de ser las deseables:
En primer lugar, no respeta el periodo normal de 5 años fijado en la ley de arrendamientos urbanos sino que se renueva a los 2 años. En segundo lugar, era de esperar que siendo un alquiler social con el fin último de dar un futuro a sus 2 hijos menores, el pago de la renta estos 2 años no superara el 30% de sus ingresos, esto es, no más de 200 euros. Sin embargo paga 280 euros mensuales y además se le hace pagar el IBI, cuando no sólo es un impuesto a la propiedad que no suele asignarse al inquilino en un contrato de alquiler normal sino que para más inri, en la página número 4 del citado Protocolo PP-PSOE, se dice que dicho impuesto será subvencionado por el Ayuntamiento en este tipo de casos.
Sr. Vinuesa ¿dónde está la vivienda social que merece Alcobendas? No se rasgue las vestiduras alardeando de hacer e inaugurar, exigimos una explicación -razonada y razonable- de estas contradicciones entre lo que este equipo de gobierno dice y lo que, a la postre, hace. Seguiremos denunciando para mejorar este y otros casos de contratos abusivos, luchando para que no se repitan casos similares.
Textualmente el citado Protocolo dice que “todas las entidades bancarias con las que trabaja el Ayuntamiento, deberán estar adheridas al Código de Buenas Prácticas creado por el RDL 6/12” y textualmente lo remarca como “objetivo ya alcanzado” ya que, según oficializa el Ayuntamiento, todos los bancos con los que trabajan están acogidos a dicho Código de Buenas Prácticas. De esta forma, en el Protocolo piden a los bancos que faciliten la mediación municipal y que se aplique dicho Código a los desahucios. à Desde la P.A.H. de Alcobendas y Sanse, queremos denunciar la falsedad de esta pretensión, ya que nos estamos encontrando casos en que ni los bancos ponen intención alguna por suavizar su postura ni el Gobierno Municipal ni el PSOE median para que estas entidades actúen de acuerdo con el mencionado Código de Buenas Prácticas. ¿De lado de quien están cuando tras su Protocolo se siguen dando los mismos problemas de antes?
En la primera página del Protocolo, PP y PSOE reconocen que “España atraviesa una profunda crisis económica desde hace cuatro años y, como consecuencia, muchas familias se encuentran en situación de desempleo o ausencia de actividad económica”. Por eso mismo, exigimos al Gobierno del PP y al PSOE que conviertan esas palabras en hechos y adecúen la política de alquileres de vivienda protegida a la situación actual. Denunciamos que la política que se aplica actualmente es la misma que se aplicaba en los llamados “años de bonanza económica” agravándose con el incremento del IPC hasta convertir en abusivos muchos alquileres. Tanto en EMVIALSA, SOGEPIMA, el IVIMA o en las empresas privadas como LAZORA a las que el Ayuntamiento han trasferido pisos VPO en suelo público y que están cobrando 480€ por un estudio de 28 m2, o 680€ por 40 m2 en Fuentelucha. No se escuden en que el precio está dentro del tope máximo fijado en la ley, porque la ley no marca el precio final sino que marca sólo un máximo y ustedes pueden bajar la renta por debajo del mismo, en vez de cobrarles el IBI y la comunidad como está sucediendo también en estos casos.
Por todo lo expuesto anteriormente, denunciamos ante la opinión pública que el Gobierno del PP, junto con el silencio del PSOE, no respetan lo aprobado por ellos mismos, tanto los protocolos de medidas urgentes frente a los desahucios y de actuación sobre alquileres municipales por inoperante como por no exigir a los bancos la aplicación real del Código de Buenas Prácticas, antes le ponen una zancadilla a la PAH que mediar porque sus vecinos logren la dación en pago.
Lo cual, en nuestra opinión, demuestra que no están del lado de sus vecinos y vecinas, ante quienes queremos ponerles en conocimiento de métodos poco democráticos del Gobierno Municipal, ya que rayan actitudes de otras épocas, llegándose a faltar el respeto a los ciudadanos hasta en los Plenos municipales:
En el citado pleno, a un vecino que denunciaba una mala praxis del Ayuntamiento, el Gerente del Patronato Socio Cultural le dijo literalmente “me cago en tu puta madre” (sic), expresión oída por varios testigos. Al reprochar esta actitud en el Pleno, el Sr. Alcalde no solo no amonestó al Gerente, sino que puso en duda la palabra del ciudadano agredido. Parece ser que además al Señor Alcalde no le gusta que los vecinos participemos en los plenos del Ayuntamiento haciéndole preguntas, cuyas respuestas aquel día se encargó de evadir “calentando el ambiente” hasta suspender el Pleno. Y cuando el Pleno se reanuda, se escuda en que en el turno de ruegos y preguntas no se responde sobre asuntos ya tratados en el pleno por los partidos políticos, aunque la pregunta concreta no se haya formulado y respondido durante el mismo.
Con esta actitud de sordera, no nos extraña que pese a los casos de presunta corrupción en los que está sumergido el Partido Popular a nivel nacional, el Alcalde en lugar de depurar todos los casos susceptibles de corrupción en Alcobendas y revisar las prebendas, volviera a contratar en un cargo de confianza a Dª Teresa Alonso Majagranzas que, según lo publicado por los diarios El País y El Mundo, está presuntamente implicada en la trama Gürtel. Le sacó bien en la portada del 7días anunciando este protocolo fantasma. Esperamos que su contratación no produjera el corrimiento de cargos con el consiguiente aumento de sueldos que produjo en su día la contratación de la sobrina de Rodrigo Rato, pues exigimos que el dinero público se destine a donde se tiene que destinar: las partidas sociales como la vivienda.
A lo largo del territorio del Estado ha habido varios suicidios provocados, directa o indirectamente, por los desahucios. Uno solo ya habría sido mucho, los que ha habido son demasiados para un país que se considera del “Primer Mundo”. Señor Alcalde de Alcobendas, le pedimos que se tome este tema con la seriedad y el respeto que merece; aplique el Protocolo aprobado por su grupo y obligue a los bancos a que apliquen el Código de Buenas Prácticas, si no lo hicieran, retire los fondos de esas entidades y únase a Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago.
La P.A.H. suscribe en su totalidad las palabras de Ada Colau en la Comisión de Economía del Congreso el pasado día 5 de febrero de 2013. Recordamos que esta crisis no la ha provocado la clase trabajadora, la han provocado los bancos y la corrupción de algunos políticos. Estamos viendo usura y actitudes mafiosas criminalizables, que la ciudadanía no debe permitir, por lo que la animamos a acudir este sábado 16 de febrero a la manifestación estatal por el derecho a la vivienda y contra el genocidio financiero, que a las 18h parte de la plaza de Colón en Madrid.
#Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras plataformas y organizaciones de Alco-Sanse.
